El 26 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó para su remisión al Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (“Ley IA”). La norma constituye una de las primeras iniciativas legislativas nacionales dirigidas a desarrollar el nuevo marco regulador europeo en materia de inteligencia artificial (IA).
La Ley IA aborda cuestiones relacionadas con la supervisión, el control y el uso de los sistemas de inteligencia artificial, en un contexto marcado por la creciente implantación de esta tecnología en distintos ámbitos del día a día.
¿Cuál es su principal objetivo?
La Ley IA tiene como principal objetivo establecer un sistema nacional de gobernanza y supervisión de la IA, definiendo las autoridades competentes encargadas de controlar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a los distintos sistemas de IA.
Asimismo, la norma busca garantizar un uso confiable, transparente y responsable de esta tecnología, reforzando la supervisión humana y estableciendo medidas dirigidas a prevenir prácticas que puedan afectar a los derechos fundamentales, la privacidad, la seguridad o la igualdad de las personas.
Principales implicaciones
Entre las principales implicaciones de la Ley IA destaca la creación de un marco nacional de supervisión y control de los sistemas de IA, mediante la atribución de competencias a distintas autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa. En este contexto, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) adquiere un papel central dentro del modelo de gobernanza previsto por la norma, junto con otros organismos competentes en función del ámbito que resulte afectado, como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, la norma incorpora un régimen sancionador que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global en los supuestos de mayor gravedad. Entre otros aspectos, se consideran especialmente graves aquellos incumplimientos relacionados con el uso de sistemas de IA prohibidos o con prácticas contrarias a las limitaciones establecidas en el Reglamento IA, prestando especial atención a determinadas prácticas contrarias con la normativa europea, tales como los sistemas que utilicen técnicas subliminales para alterar el comportamiento de las personas sin su consentimiento, aquellos que exploten situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la edad, discapacidad o situación socioeconómica, o los sistemas destinados a clasificar o evaluar a las personas mediante datos biométricos o mecanismos de puntuación social con efectos discriminatorios.
Por otro lado, se contemplan medidas de coordinación institucional y de intercambio de información entre las autoridades competentes, especialmente en relación con la supervisión, inspección y aplicación del régimen sancionador.
Finalmente, la Ley IA también impulsa el desarrollo de entornos controlados de prueba para sistemas de IA, con el objetivo de que empresas y desarrolladores puedan probar esta tecnología en un entorno controlado antes de su utilización definitiva. Con ello, la norma busca facilitar la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, favorecer que los sistemas de IA se desarrollen y adapten conforme a las exigencias previstas en la normativa europea.