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El proyecto de Ley Orgánica para la protección de los menores sigue avanzando

viernes, 4 de abril de 2025

El Consejo de ministros ha acordado remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Este texto parte del anteproyecto aprobado en junio de 2024, al que se le han incorporado cuestiones aportadas después de su fase de consulta pública, por organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial o el Observatorio de la Infancia entre muchos otros.

Algunas de las cuestiones más destacadas de la norma son:

- La obligación para los fabricantes de terminales móviles de que estos dispongan de sistemas de control parental que sean efectivos, gratuitos y accesibles.

- Regula de manera exhaustiva el acceso y la activación de los denominados "mecanismos aleatorios de recompensa" (también llamados 'loot boxes') presentes en algunos videojuegos y plataformas.

- Recoge la obligación de que los centros educativos regulen expresamente el uso de los dispositivos móviles y digitales, tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, de acuerdo con las normativas autonómicas que ya existen o que tendrán que aprobarse.

Se prevé, además la reforma de varias normas:

- El Código Penal para penalizar el grooming y los deepfakes de contenido sexual o finalidad vejatoria utilizando el rostro o el cuerpo de una persona sin su consentimiento.

- La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para aumentar la edad de consentimiento para el tratamiento de sus datos, de los 14 a los 16 años.

- La Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los influencers como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita o a establecer enlaces a los canales de denuncias.

- La Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para permitir la intervención judicial a la hora de ejecutar la medida de interrupción de un servicio digital que ofrezca un acceso ilimitado a contenido perjudicial para las personas menores, o la de retirada de dicho contenido.

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